Contexto y competencia del tribunal

El auto fue emitido por la Subsección Segunda - Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en calidad de instancia superior, con competencia para resolver manifestaciones de impedimento presentadas por jueces o magistrados en procesos administrativos, conforme a los artículos 125 y 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Este órgano revisó el impedimento planteado por magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda, quienes solicitaron apartarse del conocimiento de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho relacionado con la bonificación judicial.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso judicial fue iniciado mediante un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra la Fiscalía General de la Nación. La demanda tiene como finalidad obtener el reconocimiento de la bonificación judicial establecida en el Decreto 382 de 2013, como factor salarial pleno. En medio del trámite, los magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda manifestaron impedimento para continuar conociendo el caso, alegando una posible conexión indirecta entre la controversia planteada y reclamaciones previas relacionadas con la prima especial y su impacto en materia prestacional que ellos mismos han presentado.

Análisis y consideraciones jurídicas

El Consejo de Estado explicó que el régimen de impedimentos busca preservar la integridad moral del funcionario judicial y garantizar la imparcialidad y transparencia en las decisiones judiciales. Las causales de impedimento, previstas en el artículo 130 del CPACA y el artículo 141 del Código General del Proceso (CGP), incluyen situaciones donde el juez o magistrado tenga interés directo o indirecto en el proceso, o exista vínculo...