Entidad emisora y contexto normativo
La Resolución 000890 de 2025, fechada el 15 de octubre de 2025 y publicada en el Diario Oficial No. 53.281 el 22 de octubre de 2025, fue emitida conjuntamente por la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y la Fiscalía General Penal Militar y Policial. Este acto administrativo se enmarca en diversas disposiciones constitucionales y legales, tales como los artículos 209 y 221 de la Constitución Política, y normas específicas como la Ley 1407 de 2010 y la Ley 1765 de 2015, que regulan la función administrativa y el sistema penal militar y policial.
Tema principal y destinatarios
La resolución regula la activación, ubicación, delegación territorial de competencia y especificidad de las Fiscalías Penales Militares y Policiales, especialmente aquellas de Conocimiento y de Conocimiento Especializado. Los destinatarios principales son las fiscalías dentro de la jurisdicción penal militar y policial, así como los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo sometidos a esta jurisdicción. Este grupo es relevante porque la justicia penal militar y policial se encarga de investigar y procesar conductas relacionadas con el servicio activo de dichos miembros, conforme a lo dispuesto en el Código Penal Militar y las normas constitucionales.
Objetivo de la resolución
El propósito fundamental es adaptar la organización administrativa de las fiscalías a la culminación de la implementación integral del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) en la jurisdicción especializada. Busca optimizar la distribución territorial y la especificidad funcional de las fiscalías para garantizar una administración de justicia más eficiente, objetiva y adecuada a la dinámica actual de las investigaciones penales militares y policiales.
Decisiones y regulaciones principales
La resolución establece por organización administrativa:
- La ubicación y delegación territorial de competencias para las Fiscalías Penales Militares y Policiales de Conocimiento Especializado.
- La ubicación y delegación territorial de competencias para las Fiscalías Penales Militares y Policiales de Conocimiento general.
Un aspecto relevante es que las fiscalías que vean modificada su competencia territorial o especificidad continuarán con el conocimiento de los procesos que se encuentren en etapa de audiencia de juicio hasta su culminación, incluyendo los casos ante cortes marciales. Asimismo, se ordena comunicar estos cambios a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Unidad Administrativa para ajustar los sistemas misionales correspondientes.
Base legal y derogaciones
La resolución se fundamenta en múltiples normas, entre ellas:
- Artículo 221 y 229 de la Constitución Política de Colombia.
- Artículos 275, 276, 278 y 304 de la Ley 1407 de 2010.
- Artículos 20, 21 y 23 de la Ley 1765 de 2015.
- Decreto 312 de 2021.
Además, deroga expresamente una serie de resoluciones anteriores (numeradas desde 000287 de 2022 hasta 000442 de 2025), consolidando en un solo acto administrativo las disposiciones sobre la estructura y competencias territoriales de las fiscalías penales militares y policiales.
Impacto y relevancia
La resolución responde a la necesidad de corregir la distribución disfuncional de competencias detectada en la práctica, que generaba desequilibrios en la carga investigativa y afectaba la eficaz administración de justicia. Al establecer una nueva organización administrativa más coherente y uniforme, se espera facilitar el acceso a la justicia penal militar y policial, mejorar la calidad del servicio y asegurar el respeto al principio de objetividad en los procesos investigativos y acusatorios. Estos ajustes son esenciales para consolidar el funcionamiento del Sistema Penal Oral Acusatorio dentro de esta jurisdicción especializada.
En síntesis, la Resolución 000890 de 2025 constituye un paso importante para la modernización y adecuación estructural de la justicia penal militar y policial en Colombia, al optimizar la asignación territorial y funcional de las fiscalías en un contexto jurídico y operativo cada vez más complejo. Se espera que con esta reorganización, la justicia penal militar y policial logre responder de manera más ágil y efectiva a los retos actuales, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía y la institucionalidad en esta rama especializada del sistema judicial.
