Contexto y alcance del proyecto de decreto

El proyecto de decreto, anunciado en 2025 por la Presidencia de la República, buscaría modificar el Decreto 1081 de 2015, que contiene el Reglamento Único del Sector Presidencia de la República. Este decreto reglamentario establecería nuevas directrices para la técnica normativa, con el fin de racionalizar la expedición de decretos y resoluciones, fortalecer la seguridad jurídica, evitar la dispersión normativa y optimizar recursos en la producción normativa. El marco normativo de referencia incluye, entre otros, la Constitución Política de Colombia, las Leyes 489 de 1998 y 1437 de 2011, y el Documento CONPES 3816 de 2014 que dio inicio a la Política de Mejora Normativa (PMN) en Colombia.

Objetivo principal y sectores afectados

El proyecto de decreto tendría como objetivo principal establecer directrices claras y actualizadas para la elaboración de normas de carácter general y abstracto por parte de las entidades de la Rama Ejecutiva, tanto a nivel nacional como territorial, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Se buscaría beneficiar a la ciudadanía, entidades públicas y actores interesados, promoviendo la transparencia, participación ciudadana y calidad técnica y jurídica en la regulación.

Modificaciones y medidas específicas propuestas

Entre las modificaciones relevantes, el proyecto sustituiría el Título 2 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, concentrando aspectos dispersos de técnica normativa en un solo decreto. Se incorporarían lineamientos detallados sobre:

El objeto, ámbito de aplicación y finalidad de las directrices generales de técnica normativa.
La obligación de elaborar agendas regulatorias anuales con proyectos normativos previstos para consulta pública.
El diseño de la regulación, incluyendo la elaboración de memorias justificativas con contenido específico y detallado.
La redacción de decretos y resoluciones con estructura clara, coherente y precisa.
El procedimiento obligatorio de consulta pública a través del Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP), con plazos mínimos y mecanismos para la participación ciudadana.
La revisión, evaluación y depuración normativa periódica para garantizar la eficacia y actualización del ordenamiento jurídico.
La coordinación interinstitucional y la creación de una Comisión Intersectorial para la Mejora Normativa, integrada por delegados de entidades clave, destinada a la implementación y seguimiento de la PMN.

Además, se establecería la...

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Proyecto de decreto de la Presidencia de la República propone sustitución de directrices generales de técnica normativa

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