Contexto y marco normativo
El proyecto de decreto, anunciado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 2024, buscaría modificar disposiciones del Decreto 3568 de 2011, que estableció el programa del Operador Económico Autorizado (OEA) en Colombia. Esta iniciativa se enmarcaría en el desarrollo de la Ley 1609 de 2013, conocida como la Ley Marco de Aduanas, y en concordancia con la Ley 7 de 1991, la Ley 489 de 1998, y el Decreto 1165 de 2019 que regula el régimen aduanero. El proyecto incorporaría además las recomendaciones del Marco SAFE, adoptado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), y atendería ajustes derivados del Decreto Ley 920 de 2023 relacionado con el régimen sancionatorio y decomiso de mercancías en materia aduanera.
Propósito y alcance del proyecto
El objetivo principal del proyecto sería actualizar y precisar las condiciones, definiciones, procedimientos y beneficios del programa OEA, con el fin de impulsar cadenas de suministro internacionales más seguras, facilitar las operaciones de comercio exterior y fortalecer la competitividad de Colombia en el comercio internacional. El decreto buscaría hacer más coherente y eficiente la gestión del programa, incorporando nuevas tecnologías para trámites virtuales y ajustando requisitos para aumentar la participación de diferentes tipos de sociedades en el programa.
Modificaciones y novedades relevantes
Entre las modificaciones más importantes se incluiría:
- Actualización de definiciones clave relacionadas con el OEA, tales como “acción requerida”, “asociado de negocio crítico”, “cadena de suministro internacional segura”, y “solvencia financiera”, entre otras.
- Revisión de las condiciones para solicitar y mantener la autorización como OEA, con énfasis en la trayectoria efectiva, solvencia financiera, antecedentes penales y sanciones, y cumplimiento tributario y aduanero.
- Introducción de beneficios adicionales para los operadores autorizados, como prioridad en ingreso a instalaciones portuarias y aeroportuarias, reducción de garantías y patrimonio mínimo exigido, y procedimientos simplificados para inspecciones y trámites aduaneros.
- Establecimiento de un término máximo de 270 días hábiles para resolver el trámite de autorización.
- Normas claras sobre la vigencia indefinida de la autorización, las causales de pérdida o cancelación, y el procedimiento para revalidaciones periódicas, incluyendo la posibilidad de revalidaciones virtuales.
- Regulación de la operatividad del programa y la coordinación entre las autoridades de control, apoyo y coordinación para garantizar la actualización, ajustes y funcionamiento eficiente del OEA mediante resoluciones conjuntas.
Participación y supervisión de entidades involucradas
El proyecto contemplaría la participación activa y coordinada de diversas entidades públicas que intervienen en la cadena logística y control aduanero, tales como la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Policía Nacional, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, la Dirección General Marítima (Dimar) y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil). Estas entidades serían responsables de verificar el cumplimiento de requisitos, emitir conceptos técnicos, asignar oficiales de operaciones, y garantizar la seguridad y facilitación en la cadena de suministro internacional.
Acceso al proyecto y participación ciudadana
El proyecto de decreto habría sido publicado para comentarios entre el 11 y el 26 de septiembre de 2024 en el sitio web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de garantizar la transparencia y recibir observaciones de la ciudadanía y grupos de interés. Además, se contemplaría la revisión y ajuste de actos administrativos que reglamenten las disposiciones del decreto, los cuales deberían ser presentados para evaluación conforme a la política pública de racionalización y simplificación de trámites.
Medidas de seguridad jurídica y transición normativa
El proyecto incluiría disposiciones para el tratamiento de solicitudes y autorizaciones en curso a la fecha de entrada en vigencia, respetando los principios de seguridad jurídica y los procedimientos administrativos vigentes. También se derogarían artículos obsoletos del Decreto 3568 de 2011, buscando una regulación más clara y actualizada conforme a la evolución del programa OEA y las reformas en la normatividad aduanera y sancionatoria.
Este proyecto de decreto podría representar una actualización integral para fortalecer la figura del Operador Económico Autorizado en Colombia, alineándola con estándares internacionales y facilitando el comercio exterior con mecanismos más eficientes y seguros. No obstante, hasta tanto no sea expedido y publicado oficialmente, las disposiciones actuales del Decreto 3568 de 2011 seguirían vigentes.
