Contexto y antecedentes procesales
El conflicto de competencia fue suscitado entre el Juzgado Promiscuo Municipal de un municipio en Santander y el Juzgado Veintisiete de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, a propósito de una demanda ejecutiva singular de mínima cuantía instaurada por el Banco Agrario de Colombia S.A. contra un particular. La demanda, basada en un pagaré, inicialmente se radicó en el juzgado municipal del lugar donde se cumplía la obligación y donde la entidad financiera tiene sucursal.
El juzgado municipal en Santander declaró su falta de competencia, argumentando que, por tratarse de una entidad pública con domicilio principal en Bogotá, la competencia le correspondía a los despachos judiciales de la capital. En consecuencia, remitió el expediente a Bogotá, donde el juzgado civil municipal procedió a remitir la causa a los jueces de pequeñas causas conforme a los protocolos vigentes. Sin embargo, el juzgado Veintisiete de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá también declinó competencia, señalando que la entidad tiene una sucursal en Santander y que, por tanto, el juzgado de esa municipalidad debía conocer del asunto. Ante esta colisión, se elevó el caso a la Corte Suprema de Justicia para dirimir el conflicto.
Consideraciones jurídicas de la Corte Suprema
La Corte Suprema, en su calidad de superior funcional común de los despachos involucrados y en aplicación de los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, analizó los criterios de competencia judicial. Se recordó que la competencia puede establecerse mediante diversos factores: objetivo, subjetivo, territorial y funcional, y que en ocasiones existen fueros concurrentes o privativos.
El tribunal enfatizó que, en materia contenciosa derivada de negocios jurídicos o títulos ejecutivos, la ley contempla varios fueros concurrentes, permitiendo al actor elegir entre el juez del domicilio del demandado, el juez del lugar de cumplimiento de la obligación o el juez del domicilio principal de la persona jurídica. No obstante, precisó que el artículo 28, numeral 10, del Código General del Proceso establece que en procesos contenciosos donde es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, la competencia es privativa del juez del domicilio de dicha entidad.
Este criterio subjetivo de competencia es improrrogable y prevalece sobre otros factores, incluyendo aquellos basados en la ubicación de sucursales, por tratarse de reglas irrenunciables que protegen la validez del proceso.
Aplicación al caso concreto
Dado que el demandante es una sociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, y que su domicilio principal está en Bogotá, la Corte concluyó que la competencia para conocer la demanda ejecutiva corresponde exclusivamente al juzgado de la capital de la República.
La Corte descartó la aplicación analógica del numeral 5 del artículo 28 para atribuir competencia al juzgado de Santander, pues esa norma se refiere a procesos contra la persona jurídica y no a procesos iniciados por ella.
Decisión y efectos
En consecuencia, la magistrada ponente de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural resolvió mediante auto:
- Declarar competente al Juzgado Veintisiete de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá para conocer del proceso ejecutivo.
- Ordenar la remisión del expediente a dicho juzgado para que continúe con el trámite.
- Notificar la decisión al juzgado involucrado en Santander y a la entidad demandante.
Esta providencia reafirma la prevalencia del criterio subjetivo en la fijación de competencia en procesos donde intervienen entidades públicas descentralizadas, garantizando la correcta administración de justicia conforme a la ley vigente. Con esta decisión, se busca evitar conflictos jurisdiccionales y asegurar que los procesos se adelanten ante los jueces competentes, optimizando la eficacia y seguridad jurídica en la materia.
