Contexto y antecedentes del caso

El proceso se originó tras la solicitud formal de extradición presentada por el Gobierno de la República de Chile, en abril de 2025, contra un ciudadano con doble nacionalidad colombo-venezolana, presuntamente vinculado a graves delitos cometidos en territorio chileno. La Fiscalía General de la Nación ordenó su captura con fines de extradición, la cual fue ejecutada en febrero de 2025 por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional. Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la vigencia de los tratados internacionales aplicables, destacando el Tratado de Extradición de 1914 entre Colombia y Chile, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Trámite judicial e intervención de las partes

La Sala de Casación Penal asumió el conocimiento del trámite en mayo de 2025, requiriendo al requerido para que designara defensor y ordenando la práctica de pruebas para verificar el cumplimiento de los requisitos legales, en especial, el ejercicio previo de la jurisdicción colombiana. La defensa presentó alegatos en contra de la extradición, argumentando la existencia de otra solicitud concurrente de extradición presentada por Venezuela, por delitos considerados más graves. Sin embargo, este argumento fue desestimado, pues la Sala ya había emitido concepto desfavorable respecto a la petición venezolana, dado que los hechos objeto de investigación ocurrieron en Chile, por lo que corresponde a ese Estado ejercer jurisdicción.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Corte recordó que la extradición debe ajustarse estrictamente a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales vigentes. Según el artículo 35 de la Constitución Política, la...