Providencia confirmada en segunda instancia y análisis del requisito de subsidiariedad

La Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, resolvió la impugnación de una sentencia de primera instancia dictada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. La providencia confirmada corresponde a la respuesta a una acción de tutela promovida contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, en el marco de un proceso ejecutivo que se origina en un pagaré por valor de $350’000.000. El actor solicitó que se dejara sin efectos el auto que negó la ilegalidad del mandamiento ejecutivo y la sentencia que ordenó continuar con la ejecución. Alegó que el pagaré, base del proceso ejecutivo, estaba contenido en un documento que sólo contenía la firma del causante, mientras que el resto del contenido fue supuestamente completado por un tercero, lo que motivó una investigación y posterior condena penal por fraude procesal contra el ejecutante. Pese a la condena, la justicia civil continuó con la ejecución, lo que motivó la interposición de la tutela. El Tribunal Superior declaró improcedente la tutela por considerar que el accionante desistió del recurso ordinario idóneo para impugnar la providencia cuestionada, incumpliendo así el requisito de subsidiariedad. En esta situación procesal, la Sala Suprema confirmó dicha improcedencia, resaltando que el desistimiento del recurso ordinario privó al juez natural de la oportunidad de adecuar la impugnación a un mecanismo procedente.

Consideraciones jurídicas sobre la vía adecuada para resolver la controversia

La Corte Suprema enfatizó que la verdadera intención del actor es liberarse del pago de la suma ejecutada, cuestión que debe ventilarse ante el juez competente mediante mecanismos ordinarios como la compensación o extinción de obligaciones, conforme a los artículos 1714 y siguientes del Código Civil. La sentencia penal reconoció una obligación a cargo del ejecutante por perjuicios materiales, que coincide con la suma ejecutada en el proceso civil. Asimismo, el tribunal recordó que la fase de ejecución tiene por objeto la solución de la obligación y la terminación del proceso, no necesariamente mediante el pago efectivo. Por ello, la extinción de la obligación puede ser alegada...

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Corte Suprema confirma improcedencia de tutela en proceso ejecutivo con base en documento declarado fraudulento

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