Providencia y contexto procesal

La decisión fue adoptada por la Sala de Decisión de Tutelas No. 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de su competencia sobre impugnaciones a sentencias de tutela emitidas por la Sala de Casación Laboral. El auto impugnado correspondía a una tutela interpuesta contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que había sido negada en primera instancia por la Sala de Casación Laboral. El caso se originó en una demanda laboral presentada en 2019 para el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, cuya primera instancia fue resuelta en 2023 en sentido desfavorable. La apelación fue presentada y admitida en la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín en marzo de 2023, pero permaneció sin decisión definitiva hasta la fecha de la providencia, transcurriendo aproximadamente dos años y cuatro meses, superando ampliamente el plazo máximo legal de seis meses para resolver recursos de apelación.

Antecedentes fácticos y procesales

La accionante, persona en situación de vulnerabilidad con incapacidad permanente superior al 50% y dificultades económicas, solicitó reiteradamente la tramitación priorizada de su proceso ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, alegando que la mora judicial le afectaba derechos fundamentales como el mínimo vital y el acceso efectivo a la justicia. La Sala de Casación Laboral negó inicialmente el amparo bajo el argumento de que no existía mora judicial injustificada, dada la realización de gestiones para tramitar el recurso, exhortando sin embargo a la Sala Laboral a responder los requerimientos presentados por la accionante.

Consideraciones jurídicas principales

El análisis se centró en determinar si la demora en resolver el recurso de apelación constituía una mora judicial injustificada que vulnerara los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, conforme a los artículos 29 y 228 de la Constitución Política. La Corte Suprema recordó que la mora judicial no se presume por el mero paso del tiempo, sino que debe evaluarse si:

Se incumplieron los términos legales para la actuación judicial (en este caso, el plazo de seis meses del artículo 121 del Código General del Proceso).
No existe motivo razonable...

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Corte Suprema de Justicia ampara derecho al debido proceso por mora judicial en resolución de apelación laboral

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