Providencia y tribunal que conoce el caso

La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Penal, en ejercicio de la segunda instancia constitucional de tutela, proferida en Bogotá D.C. el 10 de julio de 2025, resolvió la impugnación presentada contra el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, que había declarado improcedente la acción de tutela promovida contra decisiones de los Juzgados Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Tercero Penal del Circuito Especializado de Valledupar.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante fue condenado a 54 meses de prisión por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, tras un preacuerdo celebrado con la Fiscalía General. Con la sentencia en firme y la orden de captura ejecutada, su abogado solicitó la sustitución de la prisión intramural por prisión domiciliaria alegando la condición de padre cabeza de familia, debido a que tiene a su cargo un hijo menor de edad, cuya madre se encuentra desaparecida, y debe asistir a su madre adulta mayor incapacitada y a un hermano con discapacidad. Los Juzgados de Ejecución de Penas y la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar negaron la solicitud, basándose en informes sociofamiliares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados, que evidenciaron que el menor está bajo cuidado y alimentación de la abuela paterna, quien recibe subsidios estatales y apoyo económico de familiares, y cuenta con el respaldo de la red familiar y vecinos. Además, no se constató que el solicitante fuera el proveedor exclusivo ni el cuidador principal del menor, ni que existiera abandono o desprotección que justificara el beneficio de prisión domiciliaria.

Consideraciones jurídicas de la Corte Suprema

La Corte Suprema confirmó que la acción de tutela contra decisiones judiciales requiere el cumplimiento estricto de requisitos genéricos y específicos, orientados a proteger derechos fundamentales frente a irregularidades graves y evidentes en decisiones judiciales. En este caso, aunque el asunto tiene relevancia constitucional y se agotaron los recursos ordinarios y extraordinarios, no se demostraron defectos que justificaran la intervención del juez de tutela. Se destacó que la condición de padre cabeza de familia es un requisito legal que debe acreditarse formalmente, incluyendo la declaración ante notario, para acceder a mecanismos sustitutivos de la prisión, conforme a la Ley 82 de 1993 y su modificación. En el expediente no se acreditó esta condición ni la exclusividad en el cuidado y manutención del menor. Por el contrario, la abuela paterna y el núcleo familiar extenso garantizan los derechos fundamentales del niño, quien está vinculado al sistema educativo y de salud, y no se encuentra en situación de abandono ni vulnerabilidad calificada. Por otro lado, se ponderó la gravedad del delito de tráfico de sustancias ilícitas, que afecta la convivencia social y la salud pública, lo que justifica la negación del beneficio solicitado. La decisión también se sustentó en la jurisprudencia que limita la sustitución de la pena privativa de la libertad cuando no se cumplen los requisitos legales y no existe riesgo inminente para el menor. En consecuencia, la Corte Suprema modificó el fallo impugnado para negar el amparo solicitado, y remitió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme a lo establecido en el Decreto 2591 de 1991.

Conclusión

La providencia reitera la importancia de garantizar los derechos fundamentales de los menores, sin desatender el marco legal que regula los mecanismos sustitutivos de la prisión y la necesidad de una valoración rigurosa de las circunstancias familiares y sociales que rodean cada caso. Asimismo, confirma la función limitada de la acción de tutela frente a decisiones judiciales, reservando su procedencia para situaciones de violación manifiesta y grave de derechos constitucionales. Con esta decisión, la Corte Suprema reafirma el compromiso del sistema judicial con la protección de los derechos fundamentales, el respeto a las normas legales vigentes y la lucha contra el delito, velando siempre por el equilibrio entre la justicia y la protección social.