Providencia y tribunal competente

La providencia objeto de análisis corresponde a un auto interlocutorio proferido el 9 de octubre de 2025 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado. Esta decisión revisa el recurso de apelación interpuesto contra un auto de 26 de febrero de 2025, emitido por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que había denegado la suspensión provisional solicitada sobre actos administrativos emanados del municipio de Rionegro.

Antecedentes fácticos y procesales

La sociedad demandante, en ejercicio de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad del artículo 3º de la Resolución 1013 de 2019, junto con otros actos administrativos fictos y resoluciones posteriores que modificaron una licencia urbanística concedida inicialmente en 2013 para un proyecto comercial ubicado en suelo rural suburbano en Rionegro. La demanda se fundamentó en la supuesta vulneración de las normas urbanísticas establecidas en la Ley 388 de 1997 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), así como en la ilegalidad del artículo 345 del Acuerdo 056 de 2011, que imponía obligaciones urbanísticas en suelo rural. La parte actora solicitó la suspensión provisional de los efectos de dichos actos administrativos, argumentando que el municipio carece de competencia para establecer cesiones urbanísticas gratuitas obligatorias en suelo rural, y que el procedimiento administrativo para revocar actos previos no fue cumplido correctamente. El Tribunal Administrativo de Antioquia negó inicialmente la suspensión provisional, considerando que no existían elementos suficientes para acreditar la trasgresión del ordenamiento jurídico en esta etapa procesal.

Consideraciones jurídicas de la Sala

El Consejo de Estado, al revisar el recurso de apelación, recordó que la suspensión provisional de los efectos de actos administrativos es una medida cautelar temporal y accesoria, cuyo fin es evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico continúen surtiendo efectos mientras se resuelve la nulidad de fondo. La procedencia de esta medida requiere demostrar, aunque sea sumariamente, la existencia de una vulneración del ordenamiento jurídico superior y que el perjuicio de no otorgar la suspensión sería grave o que la sentencia sería nugatoria. La Sala enfatizó que, conforme a los artículos 13,...

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Consejo de Estado revoca auto y suspende actos administrativos por cesiones urbanísticas en suelo rural en Rionegro

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