Contexto y antecedentes del caso

El asunto se originó con la presentación de una demanda colectiva contra la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el INPEC, en la que un grupo de aspirantes a un concurso público solicitó la declaración de responsabilidad administrativa y patrimonial por perjuicios derivados de su exclusión en la convocatoria para proveer 718 vacantes al cargo de dragoneante. La exclusión se fundamentó en el requisito de edad —tener menos de 25 años al momento de la firmeza de la lista de elegibles— establecido en el Acuerdo CNSC 168 de 2012 y el artículo 119.2 del Decreto Ley 407 de 1994, requisitos declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Los demandantes argumentaron que la exclusión vulneró derechos fundamentales como el derecho al trabajo, la igualdad y el acceso a cargos públicos, además de ocasionarles perjuicios económicos por pérdida de oportunidad. Asimismo, señalaron que el cumplimiento del requisito dependía exclusivamente de la eficiencia administrativa en el desarrollo del concurso y que la convocatoria no especificó la duración de sus etapas. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de mayo de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones y declaró la responsabilidad de la Nación a través de la CNSC y el INPEC, condenando al pago de indemnización colectiva equivalente a 1.364 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Disputa sobre la competencia para conocer la apelación

La apelación presentada fue inicialmente asignada a la Sección Tercera del Consejo de Estado, que tiene competencia general sobre acciones de grupo. Sin embargo, mediante auto de diciembre de 2023, la Sección Tercera remitió el asunto a la Sección Segunda,...