Contexto y antecedentes del caso

El conflicto surge a raíz de una demanda presentada por una empresa de transporte contra el municipio de Mosquera, cuestionando la legalidad de la Resolución que adjudicó la licitación pública No. 023 de 2015 para la operación de cinco rutas municipales de transporte público colectivo de pasajeros. La demandante solicitaba la nulidad de dicha resolución y el restablecimiento de sus derechos, argumentando que la adjudicataria no cumplió con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y la normativa sectorial, mientras que ella sí cumplía con los parámetros necesarios para ser beneficiaria del permiso. Tras la presentación de la demanda ante los juzgados administrativos de Facatativá, el proceso pasó por varias instancias debido a problemas de competencia y admisibilidad. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, rechazó la demanda por falta de subsanación en el trámite de conciliación extrajudicial exigido. La parte demandante interpuso recurso de apelación ante el Consejo de Estado, lo que dio lugar a la controversia entre las secciones Primera y Tercera del Consejo sobre cuál era competente para conocer el recurso.

Competencia y naturaleza del acto administrativo

El análisis central del conflicto se centró en la naturaleza jurídica del acto administrativo cuestionado: la Resolución que adjudicó el permiso para operar las rutas municipales. El presidente del Consejo de Estado recordó que la Constitución y la legislación secundaria asignan al Consejo la competencia para conocer estos recursos, distribuidos entre las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo según criterios de especialización. La Sección Tercera tiene competencia para procesos contractuales y materias específicas como agrarias, mineras y petroleras, mientras que la Sección Primera conoce procesos de nulidad y restablecimiento del derecho sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones. El permiso para operar rutas de transporte público, otorgado mediante un procedimiento especial regulado por las leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y el Decreto 1079 de 2015, no constituye un contrato estatal, sino un acto administrativo unilateral que autoriza la prestación de un servicio público esencial. Este proceso licitatorio especial se diferencia del régimen general de contratación pública previsto en la Ley 80 de 1993, ya que...

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Consejo de Estado define competencia para recurso sobre adjudicación de licitación en transporte público en Mosquera

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