Providencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

El pasado 22 de octubre de 2025, la Sala 17 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado, en segunda instancia, emitió un auto mediante el cual se repuso parcialmente la providencia proferida el 23 de septiembre de 2025. La magistrada ponente resolvió sobre el recurso de reposición interpuesto contra el auto que decidió sobre las solicitudes probatorias presentadas en el trámite de la solicitud de pérdida de investidura contra un Representante a la Cámara.

Antecedentes del proceso

La solicitud de pérdida de investidura fue presentada el 19 de agosto de 2025 por un ciudadano contra un congresista del departamento de Norte de Santander, en ejercicio durante el periodo constitucional 2022-2026. Se invocaron dos causales contempladas en el artículo 183 de la Constitución Política: la violación del régimen de conflicto de intereses y, en subsidio, tráfico de influencias. El ciudadano denunció que el congresista habría intervenido en la elección del Contralor General de la República sin declarar un impedimento derivado de un parentesco en segundo grado de afinidad con un vinculado a procesos de responsabilidad fiscal en la entidad de control. Además, se alegó que dicho familiar fue nombrado en un cargo dentro de la Contraloría General, presuntamente como resultado de un intercambio de votos. El proceso admitió la solicitud y se presentaron pruebas documentales, enlaces a grabaciones oficiales y solicitudes de testimonios, incluyendo el del Contralor General de la República y documentos que acreditaban la formación profesional y respaldo político del congresista.

Consideraciones y decisión del Consejo de Estado

El auto recurrido había decretado pruebas documentales y un informe escrito bajo juramento del Contralor General, pero denegó el testimonio del Contralor y el acceso a grabaciones difundidas en plataformas digitales, argumentando que los enlaces no funcionaban o que la información estaba acreditada por otros medios. El recurso de reposición interpuesto por el solicitante cuestionó la negativa a decretar como prueba la grabación de la sesión plenaria de la elección del Contralor General, argumentando que la imposibilidad de acceso obedeció a un error en la transcripción de los enlaces. La Sala determinó que, conforme al artículo 247 del Código General del Proceso (CGP), los documentos aportados en medio digital deben valorarse siempre que se presenten en el formato original o en uno que los reproduzca con exactitud. Se constató que el enlace al canal oficial de YouTube del Congreso permitía el acceso correcto a la grabación, confirmando que la inaccesibilidad inicial fue causada por una imprecisión en la transcripción del enlace. En cambio, el enlace alterno a la plataforma Google Drive seguía siendo inaccesible y, dado que contenía el mismo material audiovisual, resultaba superfluo decretarlo. Por ello, el Consejo de Estado repuso parcialmente el auto de 23 de septiembre de 2025 para decretar como prueba válida la grabación contenida en el enlace correcto del canal oficial de YouTube del Congreso. En lo demás, confirmó la providencia original.

Conclusiones de la providencia

- La Sala reafirmó su competencia para resolver recursos de reposición en procesos de pérdida de investidura. - Se reconfirmó la procedencia y oportunidad del recurso interpuesto. - Se estableció que los medios digitales deben ser valorados siempre que sean accesibles y se reproduzcan en su formato original o equivalente. - Se corrigió un error material que impedía el acceso a una prueba de relevancia pública, la grabación oficial de la sesión plenaria para la elección del Contralor General. - Se reiteró la aplicación supletoria del Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en estos procesos. Esta providencia destaca la importancia de la correcta presentación y verificación de medios digitales en los procesos judiciales, especialmente en asuntos de relevancia pública como la pérdida de investidura de congresistas, garantizando el debido proceso y la valoración adecuada de las pruebas. Así, se fortalece la transparencia y la justicia en el ejercicio de funciones públicas, asegurando que las decisiones se tomen con base en pruebas completas y verificadas.