Contexto y antecedentes del caso

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoció una demanda de nulidad contra el literal b) del artículo 1° de la Resolución núm. 171 de diciembre de 2011, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Este acto modificó el numeral 2.1.1 del Reglamento Único de Transporte (RUT) de gas natural por redes, estableciendo restricciones para que los transportadores autoricen el acceso a sus gasoductos a usuarios ya conectados o potencialmente conectables a sistemas de distribución. El demandante cuestionó la regulación alegando que esta vulnera el artículo 333 de la Constitución Política, que protege la libertad de empresa y la libre competencia, pues impediría que usuarios accedan a tarifas más favorables mediante conexiones directas al sistema de transporte, limitando su derecho a elegir alternativas. También se señaló presunta falta de competencia por parte de la CREG, pues supuestamente la norma restringiría indebidamente la competencia y mantendría monopolios. Como coadyuvante, la Federación de Distribuidores de Combustible Gaseosos sostuvo cargos similares, advirtiendo que la regulación perjudica la competitividad y protege inversiones antiguas aún no amortizadas. La CREG, por su parte, defendió la legalidad de la resolución, argumentando que la regulación busca garantizar la eficiencia económica, la seguridad y la sostenibilidad del servicio público de gas natural, reconociendo que el transporte y la distribución son monopolios naturales que requieren regulación especial para evitar duplicidad de inversiones, subutilización de redes e incrementos tarifarios que afecten a los usuarios. El Ministerio Público apoyó la posición de la CREG, señalando que la medida se ajusta a las facultades legales de...