Contexto y naturaleza de la decisión

El Consejo de Estado, en calidad de máximo tribunal de lo contencioso administrativo, emitió un auto mediante el cual se remite un proceso judicial por competencia a otra sección dentro de la misma Corporación. La decisión fue adoptada por la Sección Tercera, Subsección B, y responde a la necesidad de asignar la competencia correcta para conocer un caso relacionado con un cobro administrativo coactivo.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se origina en una demanda de reparación directa presentada en 2014 contra diversas entidades públicas, incluyendo la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, la Superintendencia de Notariado y Registro, una Notaría y un municipio, con motivo de la cancelación del folio de matrícula inmobiliaria de un predio y la entrega material del mismo a una empresa privada. En primera instancia, el Tribunal Administrativo local negó la pretensión en 2019, decisión que fue confirmada en apelación por la Sección Tercera del Consejo de Estado en 2021, incluyendo una condena en costas a la parte demandante. Posteriormente, en 2025, la Policía Nacional emitió un mandamiento de pago en el marco de un proceso de cobro administrativo coactivo para hacer efectivo el pago de las costas fijadas en la sentencia. La parte demandante interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra dicho mandamiento, argumentando que la Policía Nacional cobra la totalidad de las agencias en derecho cuando solo le correspondería una parte, y que la notificación del mandamiento fue defectuosa.

Consideraciones jurídicas y fundamentación de la remisión

El Consejo de Estado analizó la competencia para...