Contexto y tribunal competente

El recurso extraordinario de anulación fue decidido por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección B, en Bogotá, en septiembre de 2025. El caso se originó tras un laudo arbitral emitido por un tribunal conformado por árbitros designados por la Cámara de Comercio de Cali, en un proceso de arbitraje sobre un contrato de acceso, uso e interconexión de redes TPBCL y LE celebrado originalmente en 2005 entre dos operadores del Valle del Cauca.

Antecedentes del conflicto

Las partes firmaron un contrato que incluía cláusulas para compartir en partes iguales los costos de interconexión de enlaces de transmisión entre sus redes fijas. Sin embargo, el operador local no cumplió con el pago de su parte correspondiente, lo que llevó a la otra parte a reclamar el reconocimiento y pago de dichos costos, así como una cláusula penal pactada en el contrato. El tribunal arbitral, en su laudo de noviembre de 2024, reconoció parcialmente el incumplimiento y la obligación de pago, pero negó la aplicación de la cláusula penal pecuniaria, argumentando que esta solo era aplicable a incumplimientos de obligaciones no dinerarias. Además, el tribunal interpretó que el marco regulatorio de la CRC era de carácter supletivo, aplicable únicamente en ausencia de acuerdos expresos entre las partes, y que el contrato contenía una estipulación expresa para la asunción conjunta y en igual proporción de los costos.

Consideraciones jurídicas del Consejo de Estado

El Consejo de Estado analizó el recurso extraordinario de anulación basado en la causal de fallo en conciencia o equidad, que exige que el...