Contexto y naturaleza de la decisión

El pasado 17 de octubre de 2025, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, dictó un auto judicial mediante el cual se ordenó la reanudación de un proceso que había sido suspendido por prejudicialidad. Esta suspensión se había mantenido desde octubre de 2023, superando el plazo máximo de dos años previsto en la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso (CGP), que regula la suspensión y reanudación de procesos judiciales en Colombia.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso en cuestión fue iniciado por un consorcio privado dedicado a servicios de salud, que demandó a la Nación, representada por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, en materia de controversias contractuales. El 26 de septiembre de 2023, el despacho judicial decretó la suspensión del proceso conforme al numeral 1 del artículo 161 del CGP, debido a que la resolución del caso dependía necesariamente del resultado de otro proceso judicial pendiente. Esta suspensión se notificó el 29 de septiembre de 2023 y quedó ejecutoriada el 5 de octubre del mismo año. De acuerdo con el artículo 163 del CGP, la suspensión por prejudicialidad debe durar hasta que se acredite la finalización del proceso originario mediante providencia ejecutoriada. Sin embargo, si dicha prueba no se presenta dentro de los dos años siguientes al inicio de la suspensión, el juez debe ordenar la reanudación del proceso, lo que ocurrió en este caso, dado que al 6 de octubre de 2025 no se había concluido el proceso prejudicial.

Consideraciones jurídicas y fundamentación del auto

El auto se fundamenta en la aplicación estricta de los artículos 161, 162 y 163 del Código General del Proceso, los cuales regulan la suspensión y reanudación de los procesos judiciales por prejudicialidad. En específico, el numeral 1 del artículo 161 establece que la suspensión procede cuando la sentencia dependa de otra decisión judicial sobre una cuestión imposible de ventilar en el proceso principal. El artículo 162 dispone que la suspensión produce efectos equivalentes a la interrupción del proceso desde la ejecutoria del auto que la decretó. Por último, el artículo 163 establece que si no se acredita la finalización del proceso prejudicial dentro de un plazo de dos años, el juez debe ordenar la reanudación del proceso suspendido. En este caso, el Consejo de Estado constató que había transcurrido el plazo legal sin que se hubiera presentado copia de la providencia ejecutoriada que pusiera fin al proceso prejudicial. Por lo tanto, conforme a la normativa vigente, ordenó la reanudación del proceso principal para continuar con su trámite.

Disposiciones adicionales

El auto también instruyó que, una vez la decisión quede en firme, se ingrese el expediente al despacho correspondiente para continuar su trámite. Asimismo, se notificó a las partes a través del estado electrónico, conforme al artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y se instó a los sujetos procesales a mantener actualizados sus canales de comunicación electrónica para notificaciones futuras. Este pronunciamiento reafirma la importancia del cumplimiento de los plazos procesales previstos en la legislación colombiana y garantiza que los procesos judiciales no permanezcan suspendidos indefinidamente, asegurando así la celeridad y eficiencia en la administración de justicia. Con esta decisión, se reafirma el compromiso del Consejo de Estado con el respeto a los principios procesales y la protección de los derechos de las partes involucradas, promoviendo un sistema judicial más ágil y eficaz.