Providencia proferida por el Consejo de Estado en segunda instancia

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, resolvió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había declarado la nulidad de las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en el marco de un procedimiento sancionatorio por prácticas restrictivas a la libre competencia.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó a raíz de una investigación iniciada por la SIC tras comunicación del Ministerio del Interior y de Justicia, que alertó sobre presuntas irregularidades en un proceso de selección abreviada para la contratación del ajuste e implementación de sistemas electrónicos de seguridad en varios establecimientos carcelarios. Se identificaron dos uniones temporales que participaron en el proceso y, según la SIC, habrían coordinado un acuerdo colusorio para presentar una oferta simbólica que distorsionó la competencia y favoreció la adjudicación a una de las uniones temporales. En 2012, la SIC impuso sanciones pecuniarias a las sociedades involucradas y a sus representantes legales por violar normas de libre competencia, específicamente el artículo 1.º de la Ley 155 de 1959 y el numeral 9.º del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, así como el numeral 16 del artículo 4.º del Decreto 2153 de 1992 en relación con la conducta de las personas naturales. Estas decisiones fueron confirmadas mediante resolución que agotó la vía administrativa. Las sociedades y sus representantes legales interpusieron demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca buscando la nulidad de dichos actos y el restablecimiento del derecho, alegando principalmente la caducidad de la facultad sancionatoria de la SIC y violaciones al debido proceso.

Consideraciones principales de la providencia

El Tribunal de primera instancia declaró la nulidad de las resoluciones sancionatorias al concluir que la facultad sancionatoria de la SIC había caducado, pues el plazo de tres años previsto en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo debía contarse desde la adjudicación del contrato y no desde su liquidación, como sostenía la entidad demandada. Se argumentó que la conducta anticompetitiva se agotó con la adjudicación y que los actos posteriores, incluyendo...

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Consejo de Estado confirma nulidad de sanciones por caducidad en investigación de prácticas restrictivas a la libre competencia

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