Contexto y tribunal competente

La providencia en cuestión fue emitida por la Subsección Segunda - Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, máxima instancia en materia contencioso administrativa. La decisión responde a una manifestación de impedimento planteada por los magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda, quienes solicitaron apartarse del conocimiento de un proceso en curso ante ese tribunal. Este proceso se originó mediante un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Fiscalía General de la Nación.

Antecedentes del proceso

El demandante inició la acción con el objetivo de que se anularan ciertos actos administrativos que le negaron el reconocimiento como factor salarial pleno de la bonificación judicial establecida en el Decreto 382 de 2013. Dada la manifestación de impedimento de los magistrados del tribunal de primera instancia, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para que esta corporación resolviera sobre la procedencia de dicha inhibición.

Fundamentos jurídicos del impedimento

Los magistrados del Tribunal Administrativo argumentaron que se encontraban incursos en la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 141 del Código General del Proceso (CGP), que establece la impediencia cuando el juez, su cónyuge, compañero permanente o parientes cercanos tienen interés directo o indirecto en el proceso. A pesar de no recibir la bonificación judicial objeto de controversia, señalaron que existen reclamaciones relacionadas con la prima especial y su impacto en materia prestacional, lo que genera una conexidad indirecta con el litigio actual.

Análisis y decisión del Consejo de Estado

La Subsección Segunda del Consejo de Estado, competente para resolver sobre manifestaciones...