Contexto y tribunal competente

La providencia en cuestión fue emitida por la Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, máxima instancia en esta materia, con competencia para resolver manifestaciones de impedimento presentadas en procesos administrativos. La decisión se originó a partir de un impedimento planteado por magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda, quienes solicitaron apartarse de un proceso en curso relacionado con la bonificación judicial.

Antecedentes del caso

El proceso se inició mediante un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra la Fiscalía General de la Nación, en el que la parte demandante buscaba la anulación de actos administrativos que negaron el reconocimiento pleno, como factor salarial, de la bonificación judicial prevista en el Decreto 382 de 2013. Posteriormente, los magistrados del tribunal regional manifestaron impedimento para conocer del litigio, argumentando que existe una conexidad indirecta entre esta controversia y reclamaciones previas que ellos han formulado respecto a primas especiales y su impacto en materia prestacional.

Consideraciones jurídicas del Consejo de Estado

La Subsección B del Consejo de Estado analizó el impedimento conforme a las disposiciones legales vigentes, en especial los artículos 125 y 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el artículo 141 del Código General del Proceso (CGP). Estas normas establecen que los jueces y magistrados deben declararse impedidos cuando exista un interés directo o indirecto en el proceso que pueda afectar su imparcialidad. El tribunal superior destacó que el régimen de impedimentos busca asegurar la integridad moral del funcionario judicial y garantizar la transparencia e imparcialidad en...