Contexto y competencia del Consejo de Estado

La providencia fue emitida por la Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en función de resolver la manifestación de impedimento formulada por magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda. La competencia para pronunciarse sobre esta causal se fundamenta en los artículos 125 y 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que facultan a esta Subsección para resolver tales situaciones procesales.

Antecedentes del caso

En el proceso sub examine, una ciudadana presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de la Nación, buscando la anulación de actos administrativos que negaron el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial pleno, conforme al Decreto 382 de 2013. Posteriormente, los magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda manifestaron impedimento para conocer el caso, lo que motivó la remisión del expediente al Consejo de Estado.

Fundamentos legales sobre impedimentos y recusaciones

El régimen de impedimentos tiene como propósito preservar la imparcialidad e integridad moral del juez, garantizando que no exista conflicto de interés que pueda afectar su independencia en la toma de decisiones. Las causales aplicables se encuentran expresamente establecidas en el artículo 130 del CPACA y, por remisión, en el artículo 141 del Código General del Proceso (CGP), en cuyo numeral 1 se señala que la existencia de un interés directo o indirecto en el proceso, propio o de familiares cercanos, constituye motivo para declararse impedido.

Análisis específico del impedimento

En este caso, los magistrados invocaron un impedimento basado en una supuesta conexidad entre la controversia actual sobre la...