Contexto y naturaleza de la decisión

La Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en calidad de segunda instancia, emitió un auto para resolver la manifestación de impedimento de magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda. El proceso judicial se tramita bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y está relacionado con la solicitud de reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial pleno, conforme al Decreto 383 de 2013.

Antecedentes del caso

El demandante inició el proceso contra la Rama Judicial buscando la anulación de actos administrativos que negaban el reconocimiento pleno, con carácter salarial, de la bonificación judicial establecida en la norma citada. En el curso del trámite, los magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda manifestaron un impedimento para conocer el asunto, argumentando una posible conexión indirecta entre la controversia y reclamaciones previas que ellos mismos habían presentado sobre otros emolumentos judiciales.

Fundamentos jurídicos del impedimento y competencia para resolverlo

El auto se sustentó en el análisis del régimen legal aplicable a impedimentos y recusaciones en materia contencioso administrativa. Según los artículos 125 y 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el Consejo de Estado es competente para decidir sobre estas manifestaciones cuando afectan a magistrados de tribunales administrativos. El régimen de impedimentos, previsto en el artículo 130 del CPACA y el artículo 141 del Código General del Proceso (CGP), busca garantizar la imparcialidad del juzgador, evitando que su criterio se vea comprometido por intereses directos o indirectos propios o de sus familiares cercanos. En particular, el numeral 1 del...