Contexto y antecedentes del caso

La providencia judicial objeto de análisis corresponde a un auto dictado por el Consejo de Estado en segunda instancia, con ponencia de una magistrada, que resuelve el recurso de apelación contra la aprobación de la liquidación de costas hecha por el Tribunal Administrativo de Santander. El caso se originó en una demanda de reparación directa presentada en 2013 contra una empresa estatal, una sociedad médica y una profesional de la salud, por presunta falla médica que ocasionó una pérdida significativa de capacidad laboral a uno de los demandantes. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a los demandantes. Esta decisión fue confirmada en apelación por el Consejo de Estado en 2024. Posteriormente, el Tribunal fijó las agencias en derecho en primera instancia y, tras la liquidación de costas realizada por su secretaría, aprobó dicha liquidación en septiembre de 2024, lo que dio origen al recurso de apelación que ahora se resuelve.

Consideraciones principales de la decisión

El recurso de apelación planteado por los demandantes se centró en la aplicación de la normativa vigente para la condena en costas, en particular el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. Según los apelantes, dicha modificación establece que para condenar en costas es necesario acreditar que la parte vencida actuó con manifiesta carencia de fundamento legal, concepto que debió aplicarse aun cuando la demanda se presentó antes de la reforma. Sin embargo, el Consejo de...