Tipo de acuerdo y entidades involucradas

El proyecto corresponde a un Acuerdo Interadministrativo, elaborado y propuesto por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Actualmente, el acuerdo se encuentra en etapa de proyecto, pendiente de publicación oficial para su eventual adopción.

Objeto y finalidad del acuerdo

El acuerdo tiene por objeto señalar los rangos correspondientes a las extensiones máximas y mínimas de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) por Unidades Físicas Homogéneas (UFH) a escala municipal en los municipios de Rionegro, Tarazá, Valdivia y Zaragoza (Antioquia); Arauquita y Puerto Rondón (Arauca); Belén, Buenavista y Cerinza (Boyacá); Pelaya, San Alberto y San Martín (Cesar); y varios municipios del departamento de Córdoba. La finalidad principal es implementar de manera técnica y precisa la metodología para determinar las extensiones de tierra que permitan a los adjudicatarios y sus familias acceder a un excedente capitalizable, contribuyendo así al mejoramiento gradual del nivel de vida en el ámbito rural, conforme a la política de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación es territorial, limitado a los municipios mencionados en los departamentos indicados. Las disposiciones serán aplicadas por la ANT en los procedimientos de adjudicación de tierras y ordenamiento social de la propiedad rural, en cumplimiento de la Ley 160 de 1994, el Decreto Ley 902 de 2017, el Acuerdo 167 de 2021 y demás normativas complementarias.

Principales disposiciones y compromisos

El proyecto establece, artículo por artículo, las extensiones mínimas y máximas de las UAF por UFH para cada municipio, basándose en estimaciones técnicas que consideran la aptitud productiva del suelo y otros factores relevantes. Cada municipio cuenta con tablas detalladas que especifican estos rangos según las condiciones locales, agrupadas por categorías de apreciación productiva. Además, se señala la exclusión de áreas con restricciones legales, como zonas de conservación ambiental, patrimonio cultural, zonas urbanas, resguardos indígenas y títulos colectivos de comunidades negras, donde la metodología no es aplicable. Para áreas con inviabilidad productiva o económica, el proyecto contempla regímenes especiales de adjudicación conforme a normativas vigentes.

Impacto potencial

La adopción del proyecto de acuerdo impactaría positivamente en la comunidad rural al garantizar criterios técnicos uniformes para la adjudicación de tierras, promoviendo una distribución equitativa y sostenible. Esto contribuye a la reforma rural integral, al cierre de brechas entre el campo y la ciudad y a la garantía de soberanía alimentaria. Para las entidades involucradas, el acuerdo facilita procedimientos claros y técnicamente fundamentados para el ordenamiento territorial y la propiedad rural, mejorando la planificación y ejecución de políticas públicas en el sector agropecuario.

Mecanismos de seguimiento y contexto normativo

El proyecto se basa en la metodología aprobada en el Acuerdo 167 de 2021, que establece la guía para el cálculo de las UAF por UFH a escala municipal. Se prevé la publicación de los resultados geográficos y técnicos en la página web de la ANT para consulta pública, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana. El proyecto ha sido sometido a consulta pública conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y cuenta con concepto favorable de viabilidad jurídica emitido por la Oficina Jurídica de la ANT.

Conclusiones

Este proyecto de acuerdo representa un paso significativo en la implementación de la política de ordenamiento social de la propiedad rural en Colombia, adaptando las extensiones de las Unidades Agrícolas Familiares a las condiciones específicas de cada municipio. La iniciativa fortalece la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y promueve la sostenibilidad ambiental y social en las zonas rurales. Su eventual aprobación y puesta en marcha serán determinantes para el desarrollo rural integral en las regiones involucradas, contribuyendo a la construcción de un campo más justo, productivo y sostenible para las familias colombianas.