Objetivo y ámbito de aplicación

El Proyecto de Ley 219 de 2024 tiene como finalidad principal proteger los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones frente a cobros desproporcionados o injustificados en los procesos de reconexión de servicios. Se dirige al ámbito social y tecnológico, buscando garantizar la equidad y la justicia tarifaria en servicios como telefonía móvil y fija, Internet, televisión y telefonía VoIP. Actualmente, el proyecto se encuentra en discusión en segundo debate en la plenaria del Senado, tras haber sido aprobado por unanimidad en la Comisión Sexta. Se prevé que, una vez finalice este debate, avance a la Cámara de Representantes para continuar su trámite legislativo.

Contexto y problemática

En Colombia, el acceso a servicios de telecomunicaciones es esencial para diversas actividades cotidianas, desde la educación a distancia hasta el teletrabajo y la telemedicina. Sin embargo, usuarios han reportado cobros excesivos por reconexión de servicios, con valores que llegan hasta 45.000 pesos, lo cual representa un obstáculo para el acceso y permanencia en estos servicios, especialmente para sectores vulnerables. El proyecto surge para enfrentar estas prácticas, que generan una triple penalidad para los usuarios: la suspensión del servicio, el cobro por reconexión y la demora injustificada en la reactivación, afectando su productividad y calidad de vida.

Contenido clave del Proyecto de Ley

Este proyecto consta de cinco artículos principales que regulan:

El cobro por la reconexión del servicio deberá ser gratuito en la medida en que no genere costos al operador, y cuando los haya, estos deberán ser justificados y regulados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
La CRC tendrá la facultad de definir cuáles cobros son legítimos, evitando costos arbitrarios relacionados con reconexiones.
Se garantizará transparencia en la facturación, donde cualquier interrupción y cobro asociado deberá estar debidamente informado al usuario.
Propuesta para que los usuarios puedan cambiar de operador en un plazo máximo de 24 horas, sin costos adicionales y con garantías de mantenimiento de la calidad del servicio durante el proceso.
Obligación para que los operadores aseguren cobertura efectiva y continua, especialmente en zonas rurales, limitando sus ofertas comerciales a áreas con cobertura tecnológica disponible.

Debate y posturas de los actores

Durante la discusión en...

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Proyecto de Ley en el Senado busca protección al usuario en procesos de reconexión de servicios de telecomunicaciones

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