Propósito y objetivo del proyecto de resolución

El proyecto de resolución presenta la declaratoria formal de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) como determinantes de ordenamiento territorial de nivel 2 en los municipios de Tarso y Salgar, ubicados en la región suroeste del departamento de Antioquia. Su propósito general es proteger y preservar el suelo rural apto para la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola, asegurando la disponibilidad sostenida de alimentos y garantizando el derecho humano a la alimentación adecuada. El objetivo principal de la iniciativa es fortalecer la seguridad alimentaria a nivel local y regional, promoviendo un uso racional y equitativo del suelo rural y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y social. Esta medida busca beneficiar a pequeños y medianos productores agrícolas, comunidades campesinas y demás actores vinculados a la producción agroalimentaria, al tiempo que articula la acción del Estado con las entidades territoriales para el ordenamiento del territorio.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

El proyecto establece la delimitación territorial definitiva de las APPA en Tarso y Salgar, con un área aproximada de 2.467,09 y 5.900,55 hectáreas respectivamente, basada en un documento técnico elaborado por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). Las APPA se configuran como determinantes de ordenamiento territorial de superior jerarquía, que orientan y guían la planificación y gestión del suelo rural, pero sin limitar el desarrollo de actividades productivas ni restringir los derechos adquiridos según la ley. Las disposiciones contemplan la obligación de los municipios para reglamentar el uso del suelo en concordancia con los lineamientos técnicos y parámetros establecidos, y la verificación del cumplimiento de estas medidas a través de sus competencias administrativas y de control urbano. Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con apoyo de la UPRA, realizará evaluaciones periódicas del impacto de las APPA cada cinco años para garantizar su efectividad y ajuste técnico.

Impacto y alcance potencial

La declaratoria de las APPA busca proteger el suelo productivo frente a procesos de artificialización y pérdida de tierras agrícolas, contribuyendo a la estabilidad y suficiencia en la producción de alimentos, lo que favorece el derecho constitucional a la alimentación. Además, se enmarca en una estrategia nacional que promueve la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, así como la adaptación al cambio climático y la conservación de recursos naturales. El impacto esperado incluye beneficios para las comunidades rurales al dotarlas de herramientas técnicas para el manejo sostenible de sus tierras, y la articulación efectiva entre diferentes niveles de gobierno y sectores públicos y privados en materia de ordenamiento territorial y desarrollo rural. La medida respeta la autonomía local, garantizando que las autoridades territoriales mantengan su núcleo esencial de decisión dentro de los límites legales y técnicos establecidos.

Participación de actores clave y cumplimiento normativo

El proceso de formulación y socialización del proyecto incluyó la coordinación con entidades territoriales, autoridades ambientales, y demás actores públicos y privados involucrados en el desarrollo físico y productivo de la región. Se garantiza el respeto a los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas dentro de las áreas declaradas como APPA. El proyecto cumple con el marco constitucional y legal vigente, apoyándose en normativas como la Ley 2294 de 2023, la Ley 388 de 1997, y las competencias asignadas a la UPRA, y se sustenta en pronunciamientos jurisprudenciales que equilibran la autonomía territorial con la función social y ecológica del Estado. La propuesta será comunicada oficialmente a las autoridades municipales y departamentales correspondientes para su implementación y seguimiento. --- Este proyecto de resolución representa un avance significativo en la política pública de seguridad alimentaria y ordenamiento territorial en Colombia, alineado con los compromisos internacionales y constitucionales en materia de derechos humanos, desarrollo rural sostenible y protección ambiental. Su implementación contribuirá a consolidar un modelo de desarrollo rural equilibrado que favorezca la producción agropecuaria responsable y el bienestar de las comunidades rurales en Antioquia.