Contexto y antecedentes del caso

El caso se originó por una acción de tutela interpuesta contra providencias judiciales que declararon la caducidad de la acción de reparación directa ejercida por víctimas del desplazamiento forzado debido a una masacre perpetrada en un corregimiento del departamento de Sucre en 2001. Estas víctimas alegaron la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia, igualdad y reparación integral, así como de principios constitucionales como la buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima. El proceso judicial de reparación directa había sido tramitado en primera y segunda instancia ante los tribunales administrativos correspondientes, que finalmente declararon probada la excepción de caducidad argumentando que el término para ejercer la acción comenzó a contarse desde el momento del desplazamiento y no desde la ejecutoria de un precedente constitucional aplicable a población desplazada.

Desconocimiento del precedente constitucional y defecto procedimental

El precedente constitucional fundamental para el caso es la Sentencia SU-254 de 2013, que estableció que para las víctimas de desplazamiento forzado el término de caducidad para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa empieza a contarse desde la ejecutoria de dicho fallo, en atención a su vulnerabilidad y debilidad manifiesta. Esta regla busca garantizar el acceso efectivo a la justicia y la reparación integral para esta población especialmente protegida. Sin embargo, el tribunal administrativo accionado aplicó de forma inflexible el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), sin tener en cuenta la calidad de víctimas ni el carácter de lesa humanidad de los hechos, lo que configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto....