Contexto y marco normativo
El proyecto de decreto, anunciado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, buscaría modificar y complementar aspectos del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, en concordancia con las normas constitucionales y legales relacionadas con el ordenamiento territorial y la función pública en materia urbanística en Colombia. Este proyecto se basaría en mandatos constitucionales y legales, incluyendo la Ley 388 de 1997 y sus modificaciones, la Ley 2079 de 2021, la Ley 2037 de 2020, la Ley 9 de 1989 y la Ley 1988 de 2019, entre otras normativas.
Propósito y alcance del proyecto
El proyecto tendría por objeto establecer lineamientos claros para la reglamentación de acciones urbanísticas, garantizando la participación democrática en la formulación de los planes de ordenamiento territorial (POT, PBOT y EOT), definir metodologías para la medición de indicadores cuantitativos y cualitativos del espacio público, así como orientar la conformación del inventario general de espacio público y regular el aprovechamiento económico de los bienes de uso público. Además, se buscaría incluir la regulación de actividades de ventas informales dentro del espacio público, promoviendo su formalización y garantizando la prevalencia del uso común y el interés general.
Modificaciones y medidas específicas propuestas
Entre las disposiciones más relevantes que se plantearían en el proyecto se encontrarían:
- Acciones urbanísticas: Se establecerían lineamientos para la formulación de estas acciones, incluyendo la obligatoriedad de sustentarlas en estudios jurídicos, ambientales, de servicios públicos, financieros, sociales y culturales, según corresponda. Además, se aclararía que estas acciones deben estar autorizadas en los instrumentos de ordenamiento territorial.
- Participación democrática: Se reglamentarían mecanismos mínimos para garantizar la participación activa, inclusiva y deliberativa de la ciudadanía en todas las fases del proceso de ordenamiento territorial. Se promoverían estrategias que combinen herramientas presenciales y virtuales, con énfasis en la transparencia, accesibilidad y rendición de cuentas.
- Medición de indicadores de espacio público: Se establecería una metodología obligatoria para municipios y distritos, que permitiría evaluar aspectos cuantitativos y cualitativos relacionados con la cantidad, calidad, accesibilidad, funcionalidad y sostenibilidad del espacio público. Esta metodología incluiría fases de definición territorial, selección de indicadores, recolección y análisis de información.
- Inventario general de espacio público: Se definirían lineamientos para la identificación, sistematización, actualización y gestión del inventario de bienes de uso público, con énfasis en la digitalización, georreferenciación y acceso público a la información, fortaleciendo la transparencia y la coordinación institucional.
- Aprovechamiento económico del espacio público: Se reglamentarían aspectos sobre la autorización, condiciones económicas, formas de pago y modelos de gestión para actividades económicas en el espacio público, incluyendo a vendedores informales. Se promoverían esquemas de formalización progresiva, participación asociativa, infraestructura adecuada y mecanismos de control social.
Participación de actores clave y gobernanza
El proyecto establecería que la implementación y supervisión de estas disposiciones correspondería a los municipios y distritos, quienes deberán ejercer su autonomía y competencias de manera coordinada con otras entidades nacionales y regionales. Se fomentaría la creación de instancias de participación intersectorial e interinstitucional, tales como mesas técnicas, comités de seguimiento y consejos consultivos, para garantizar la corresponsabilidad y gobernanza en la gestión del espacio público y el ordenamiento territorial.
Acceso al proyecto y participación ciudadana
El proyecto de decreto habría sido publicado en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio durante un periodo específico en 2025, con el propósito de recibir comentarios, observaciones y propuestas de ciudadanos y grupos de interés. De esta manera, se incentivaría la participación ciudadana en el proceso de elaboración y ajuste normativo, promoviendo la transparencia y la inclusión en la toma de decisiones públicas.
Este proyecto de decreto constituiría una herramienta jurídica clave para fortalecer la planificación urbana y territorial en Colombia, garantizando la participación democrática, el manejo sostenible del espacio público y la inclusión económica de diversos actores sociales, con especial atención a la formalización de vendedores informales y la protección del interés general. Su implementación efectiva requerirá un compromiso conjunto entre autoridades, sociedad civil y el sector privado para lograr ciudades más inclusivas, ordenadas y sostenibles.
