Contexto y antecedentes procesales

El presente caso se originó con una acción ejecutiva promovida por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) contra un consorcio de ingeniería y una compañía de seguros, para obtener el pago de más de 139 millones de pesos, basándose en resoluciones administrativas que declararon el siniestro del anticipo de un contrato público para obras viales en Cundinamarca. El proceso inició en 2011 y ha pasado por varias reasignaciones judiciales, con una compleja tramitación que incluyó mandamientos de pago y múltiples autos relacionados con notificaciones y excepciones procesales. En la audiencia inicial del 19 de julio de 2024, el Juzgado 62 Administrativo del Circuito de Bogotá negó la práctica de ciertas pruebas documentales solicitadas por la parte demandada, una empresa integrante del consorcio. Las pruebas rechazadas incluían oficios dirigidos a la Superintendencia de Sociedades para obtener información sobre la liquidación de una de las integrantes del consorcio y la disposición de sus activos, así como solicitudes para acreditar notificaciones relacionadas con las resoluciones que fundamentan la ejecución.

Fundamentos y alcance de la decisión apelada

El juzgado ordenó negar la práctica de dichas pruebas porque consideró que no eran pertinentes para la configuración del título ejecutivo que sustenta la demanda. En particular, sostuvo que los documentos solicitados no influyen directamente en la existencia ni en la exigibilidad de la obligación ejecutada, y que la parte demandante debió allegar en su oportunidad toda la documentación necesaria para acreditar la oponibilidad de los actos administrativos a los demandados. La negativa fue confirmada tras el recurso de reposición presentado por la parte demandada.

Intervención de la...