Contexto y tribunal competente

La providencia fue proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, en instancia de conocimiento del medio de control de controversias contractuales. La magistrada ponente actuó en el trámite correspondiente al expediente identificado con el número 25000-23-36-000-2021-00517-00.

Antecedentes fácticos y procesales

La controversia surge a raíz del Contrato de Compraventa No. 9677-MECOVID19-540-2020 suscrito en junio de 2020 entre una sociedad comercial y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, representado por una fiduciaria, para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de ventiladores destinados a fortalecer la capacidad instalada de unidades de cuidados intensivos en Colombia durante la pandemia por COVID-19. El contrato tuvo un valor superior a 93 mil millones de pesos y fue objeto de múltiples modificaciones en plazo y condiciones de pago. Posteriormente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres declaró el incumplimiento total y definitivo del contrato a través de una resolución, haciendo exigible la cláusula penal pecuniaria por más de 23 mil millones de pesos. Esta resolución fue confirmada en segunda instancia mediante otra resolución. La sociedad contratista impugnó dichas decisiones alegando, entre otros aspectos, la incompetencia del funcionario que expidió los actos administrativos, la violación del debido proceso, falsa motivación, y la aplicación incorrecta del procedimiento sancionatorio. Durante el proceso judicial, la demanda fue admitida y notificada a las partes interesadas, entre ellas la fiduciaria y la compañía de fianzas vinculadas al contrato, quienes guardaron silencio. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado contestaron...