Contexto y tribunal competente

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su Sección Tercera - Subsección “A”, con sede en Bogotá D.C., conoció el proceso de reparación directa instaurado por una corporación educativa en contra del Ministerio de Educación Nacional. El proceso tiene como objeto declarar la responsabilidad administrativa del Ministerio por actuaciones relacionadas con la inspección y vigilancia realizadas desde el primer semestre de 2018 hasta febrero de 2022.

Antecedentes fácticos y procesales

La corporación demandante alegó que el Ministerio de Educación inició investigaciones preliminares en 2018 para verificar presuntas irregularidades administrativas y financieras. Durante el proceso, la ministra de Educación realizó declaraciones públicas que, según la demandante, vulneraron su derecho al debido proceso al adelantar afirmaciones sobre irregularidades sin que se hubieran comprobado. La institución sostuvo que estas investigaciones y declaraciones provocaron una notable disminución en la matrícula estudiantil, retiro de ofertas de financiación por parte de entidades crediticias y afectaron su estabilidad financiera, lo que derivó en la solicitud y aceptación de un proceso de insolvencia empresarial. Pese a la presentación de información y solicitudes para el cierre de las investigaciones, estas se mantuvieron abiertas hasta 2022. En junio de 2022 fue radicada la demanda, la cual fue admitida por el tribunal. El Ministerio de Educación se opuso, argumentando que las investigaciones correspondían a procedimientos administrativos legales que culminaron en archivo por falta de mérito, y que no existió decisión que modificara situación jurídica alguna de la corporación. Además, señaló que la declaración de la ministra era una opinión y no generó daño directo, y que la caída en la matrícula tenía causas...