Contexto y antecedentes del caso

El presente proceso fue instaurado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante medio de control de reparación directa, con el fin de declarar la responsabilidad de las entidades demandadas por la detención y retención irregular de un tracto camión que permaneció inmovilizado por más de siete años. La parte actora argumenta que la Fiscalía no impartió legalidad al procedimiento de incautación, vulnerando el derecho al debido proceso y ocasionando perjuicios económicos. El vehículo en cuestión fue adquirido en 2012, pero en 2013 fue inmovilizado por presunta falsificación en los guarismos de identificación. La Fiscalía a cargo de la investigación penal no solicitó la audiencia para impartir legalidad al procedimiento dentro del término legal, y la demanda sostiene que hubo dilaciones injustificadas y omisiones en el trámite. Tras varias acciones constitucionales, un juez de control de garantías decidió en 2021 no impartir legalidad al procedimiento de incautación, ordenando la entrega inmediata del vehículo a su propietaria.

Posiciones de las partes y entidades involucradas

La demandante reclama por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, señalando omisiones como la falta de precisión en los hechos investigados, la ausencia de imputación de cargos y la demora excesiva en resolver la situación del vehículo. La Fiscalía General de la Nación se opone a la demanda, alegando que no se configuran los elementos para establecer responsabilidad, y atribuye la causa del daño a la posible culpa exclusiva de la víctima, con base en la falta de denuncia o reclamación oportuna para acelerar el proceso penal. Por su parte, la Rama Judicial sostiene que no incurrió en...