Contexto y antecedentes del proceso

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en segunda instancia, conoció un proceso iniciado mediante acción contenciosa administrativa en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial. La acción se presentó por la presunta configuración de un error judicial derivado de decisiones adoptadas por el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Leticia y posteriormente confirmadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en proceso ejecutivo relacionado con el reconocimiento de un derecho pensional. La demanda fue admitida y notificada a la entidad demandada, la cual contestó oponiéndose a las pretensiones y alegando excepciones como la ausencia de causa petendi, inexistencia de daño antijurídico y culpa de la víctima. Ninguna de las partes solicitó la práctica de pruebas distintas de las documentales ya obrantes en el expediente. Tampoco el tribunal encontró indispensable decretar pruebas adicionales de oficio.

Fundamentos y consideraciones de la providencia

El auto fue dictado con base en lo dispuesto en el artículo 182A del CPACA, incorporado por la Ley 2080 de 2021, que autoriza la sentencia anticipada cuando no existan pruebas por practicar o las solicitadas resulten impertinentes, inconducentes o inútiles. Este procedimiento especial garantiza el derecho fundamental al debido proceso y permite agilizar la decisión judicial cuando el asunto es de puro derecho o las pruebas documentales son suficientes. En el caso concreto, el tribunal fijó el litigio en torno a si las decisiones judiciales cuestionadas constituyen un error judicial imputable a la Nación – Rama Judicial que genere responsabilidad patrimonial estatal, o si, por el contrario, dichas decisiones se ajustaron al ordenamiento jurídico...