Contexto y competencia del tribunal

El auto fue emitido por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en segunda instancia administrativa, en atención a la remisión por competencia dispuesta por un juzgado administrativo de Bogotá. La providencia resuelve sobre la aprobación de un acuerdo conciliatorio prejudicial celebrado ante la Procuraduría Judicial II para Asuntos Administrativos, conforme a la Ley 288 de 1996, que regula la indemnización a víctimas de violaciones de derechos humanos.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso gira en torno a hechos ocurridos en junio de 2002, cuando dos funcionarios de la Policía Nacional detuvieron sin causa aparente a un ciudadano en una oficina de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Medellín. Posteriormente, la víctima fue entregada a agentes de la SIJIN y encontrada sin vida en condiciones que evidenciaban tortura y privación ilegal de la libertad. Investigaciones disciplinarias concluyeron en sanciones severas contra los oficiales responsables. En 2022, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional solicitaron la conciliación prejudicial con los familiares de la víctima, en el marco de un acuerdo de solución amistosa homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Estado colombiano reconoció su responsabilidad internacional por violaciones a varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Consideraciones del Tribunal y fundamentos jurídicos

El Tribunal verificó el cumplimiento de los requisitos legales para aprobar la conciliación, en especial:

• Competencia: Conforme al artículo 7º de la Ley 288 de 1996, el Tribunal...