Contexto y tribunal competente

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, conoció en primera instancia la demanda interpuesta contra la Contraloría General de la República. La controversia se originó por la nulidad y restablecimiento del derecho respecto a actos administrativos que declararon responsable fiscal a la Secretaria de Salud Departamental de Sucre por un detrimento patrimonial superior a los dos mil quinientos millones de pesos, relacionado con recursos del sistema de seguridad social en salud mental para población pobre no afiliada.

Antecedentes fácticos y procesales

Durante las vigencias 2013 a 2015, bajo autorización del Ministerio de Salud, el Departamento de Sucre contrató con una IPS privada la prestación de servicios de salud mental a población vulnerable. Sin embargo, la Contraloría evidenció que dicha IPS presentó facturas con documentación adulterada, simulando atenciones que no fueron efectivamente prestadas. La Secretaría de Salud Departamental, encabezada por la entonces Secretaria, avaló con su firma actos administrativos que ordenaron pagos a esta IPS por más de dos mil doscientos millones de pesos, recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías. El proceso de responsabilidad fiscal se instauró tras auditorías y hallazgos que revelaron irregularidades en la autorización, auditoría y pago de las facturas. Se constató la inexistencia de atención médica real, falsificación de documentos clínicos, omisiones en la verificación de derechos y deficiencias graves en la auditoría de cuentas médicas. A pesar de la participación de un grupo de auditoría y otros funcionarios, la Secretaria de Salud tenía la función de supervisión y control sobre los recursos del sistema de seguridad social...