Contexto y tribunal competente

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en su calidad de instancia de primera instancia, profirió un auto interlocutorio mediante el cual admitió una demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. La demanda fue presentada por una sociedad en liquidación en contra de la Nación, representada por la Contraloría General de la Nación, en el marco de un proceso ordinario de responsabilidad fiscal.

Antecedentes fácticos y procesales

La sociedad accionante acudió al Tribunal tras la emisión de diversos actos administrativos por parte de la Contraloría General, en los que se declaró su responsabilidad fiscal a título de culpa grave, de conformidad con el artículo 53 de la Ley 610 de 2000. Entre los actos impugnados se encuentran un fallo de primera instancia, decisiones sobre recursos de reposición y apelación, así como resoluciones de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría que determinaron la responsabilidad fiscal y resolvieron recursos relacionados. Previo a la admisión de la demanda, el Tribunal había ordenado la subsanación de un requerimiento relacionado con la constancia de notificación de la resolución que culminó la actuación administrativa. La sociedad demandante cumplió con esta exigencia dentro del plazo establecido.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la admisión

El Tribunal examinó la oportunidad en que se presentó la demanda, conforme al artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA), modificado por la Ley 2080 de 2021. Dicho precepto establece un término de cuatro meses para interponer la demanda contados a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo, salvo excepciones legales. En este caso, el acto administrativo final que resolvió los recursos fue notificado el 2 de diciembre de 2024, dando inicio al término el 3 de diciembre de 2024. La demanda fue radicada el 5 de junio de 2025, término que se consideró oportuno debido a la suspensión del plazo derivada de la solicitud de conciliación prejudicial presentada ante la Procuraduría, la cual se extendió hasta el 5 de junio de 2025, fecha en la que se declaró la conciliación fallida. Además, el Tribunal constató que la demanda cumplía con los requisitos formales exigidos por los artículos 162 a 166 del CPACA, incluyendo la presentación de pruebas y la notificación a las partes involucradas, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Por estas razones, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió admitir la demanda y ordenar que se dé trámite conforme al procedimiento ordinario establecido en el CPACA. Asimismo, se abstuvo de fijar gastos ordinarios en esta etapa inicial y estableció las reglas para las notificaciones, incluyendo el uso de canales electrónicos conforme a las normas vigentes.

Implicaciones procesales

La admisión de la demanda implica que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho seguirá su curso en el Tribunal Administrativo, donde se analizarán las pretensiones de la sociedad demandante en relación con la declaratoria de responsabilidad fiscal y las posibles reparaciones económicas solicitadas. El procedimiento se desarrollará respetando las garantías procesales y los plazos establecidos por la ley. El auto interlocutorio fue firmado electrónicamente por el magistrado ponente, asegurando la autenticidad y validez del acto conforme a la normatividad vigente en materia de actuaciones judiciales electrónicas. Esta resolución destaca la importancia de observar los términos procesales y requisitos legales en la presentación de demandas contra actos administrativos de responsabilidad fiscal y pone de manifiesto el papel del Tribunal Administrativo en la protección de los derechos de los particulares frente a la administración pública.