Objetivo y ámbito del proyecto de ley
El proyecto tiene como objetivo principal crear un mecanismo financiero sostenible para fortalecer los esquemas de protección de personas en riesgo de vulneración de sus derechos o su vida por razones étnicas, políticas, sociales, económicas, de género, entre otras. El ámbito es principalmente social y de seguridad, con implicaciones económicas al proponer nuevas fuentes de financiamiento. El proyecto se encuentra en etapa de presentación ante la Cámara de Representantes, en trámite legislativo inicial, y se prevé su discusión en comisiones y plenarias conforme al proceso constitucional.
Contexto y problemática que motiva la iniciativa
En el marco del prolongado conflicto armado y la creciente violencia en Colombia, la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, servidores públicos y víctimas ha adquirido una urgencia estructural. La Unidad Nacional de Protección, entidad encargada de garantizar la seguridad de estas personas, enfrenta limitaciones presupuestarias y operativas para atender la alta demanda de esquemas de protección, la cual ha aumentado considerablemente en la última década. Las cifras oficiales reflejan un preocupante número de asesinatos y amenazas a personas protegidas, lo que evidencia la insuficiencia de los recursos actuales y la necesidad de un financiamiento sostenible que permita innovación tecnológica y prevención.
Contenido clave del proyecto
El proyecto crea el Fondo de Sostenibilidad para la Protección (FSP) como una cuenta especial adscrita al Ministerio del Interior, sin personería jurídica, con finalidades que incluyen:
- Fortalecer la innovación técnica y tecnológica en esquemas de seguridad.
- Promover la investigación de inteligencia para prevenir ataques.
- Cofinanciar el mantenimiento y ampliación de esquemas de protección.
- Ampliar la cobertura hacia personas en riesgo aún no protegidas.
- Mejorar esquemas para personas con estatus de alto riesgo.
Para financiar el fondo, se crean diversas fuentes, entre ellas: aportes del Presupuesto General de la Nación, cooperación internacional, donaciones, aportes voluntarios de entidades y personas, rentas propias derivadas de alianzas público-privadas, empréstitos externos y una tasa extraordinaria de aportes equivalente al 10% de la asignación salarial mensual de altos cargos del Estado. Esta tasa se aplicará a personas en altos cargos públicos de elección popular, magistrados de altas cortes, directores de departamentos administrativos, y principales funcionarios de órganos de control y justicia. La recolección se realizará mediante retención en la fuente a cargo de la DIAN.
La administración del fondo estará a cargo de un Comité Directivo integrado por delegados de entidades como el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ejército Nacional, Presidencia de la República, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Unidad Nacional de Protección, Unidad de Víctimas y Defensoría del Pueblo. Este comité definirá directrices, aprobará presupuestos, supervisará la ejecución y designará una Secretaría Técnica.
Impacto potencial y debate
El proyecto busca cerrar la brecha entre la creciente demanda de protección y la limitada capacidad financiera del Estado para atenderla, garantizando estabilidad presupuestal y eficiencia en la asignación de recursos. Se plantea una inversión orientada no solo a esquemas clásicos de escoltas y vehículos blindados, sino también a innovación tecnológica, inteligencia preventiva y ampliación de cobertura.
Sin embargo, la creación de la tasa extraordinaria ha generado debate sobre la carga financiera para servidores públicos y la proporcionalidad de esta contribución. Algunos sectores resaltan la necesidad de un financiamiento sostenible y equitativo, mientras otros expresan preocupación por el impacto en los altos funcionarios y plantean la importancia de la transparencia y el control fiscal, para lo cual se establece la vigilancia de la Contraloría General.
Comparación con legislaciones similares
Aunque el proyecto es específico del contexto colombiano, la búsqueda de mecanismos sostenibles para financiar la protección de personas en riesgo se alinea con prácticas internacionales que incorporan fondos especiales y contribuciones diferenciadas para garantizar la seguridad de sectores vulnerables y autoridades públicas, con énfasis en la eficiencia y la innovación tecnológica.
Conclusión sobre el trámite legislativo
Actualmente, el proyecto 307 de 2025 Cámara se encuentra en etapa inicial de trámite legislativo en la Cámara de Representantes. Los pasos siguientes incluyen su discusión en comisiones especializadas, debates en plenarias, posibles modificaciones y conciliación con el Senado. Su aprobación implicaría la creación formal del Fondo de Sostenibilidad para la Protección y la implementación de las medidas financieras y administrativas propuestas para fortalecer los esquemas de seguridad en Colombia.
Esta iniciativa representa un avance significativo en la protección de personas en riesgo, buscando garantizar recursos suficientes y estables para enfrentar los retos actuales y futuros en materia de seguridad y derechos humanos. Su desarrollo y eventual aprobación serán claves para mejorar la respuesta estatal ante las amenazas que enfrentan sectores vulnerables y funcionarios públicos comprometidos con la defensa de la democracia y la justicia.
