Contexto y antecedentes del caso
La providencia fue proferida por la Sala Cuarta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el marco de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que negó la nulidad y restablecimiento del derecho respecto a varias resoluciones municipales sobre la distribución de la contribución de valorización en Rionegro.
Los actores en el proceso, una sociedad comercial y una fiduciaria en calidad de administradora de un patrimonio autónomo, junto con terceros propietarios, cuestionaron la legalidad de la Resolución 939 de 2018 y otras resoluciones posteriores del Municipio de Rionegro, que resolvieron recursos de reposición interpuestos por los demandantes.
Tras la negativa en primera instancia, los demandantes apelaron la decisión y solicitaron la práctica de pruebas en segunda instancia para controvertir la valoración probatoria realizada, en particular, respecto a la imparcialidad del perito designado por la parte actora.
Solicitud de pruebas en segunda instancia
El recurso de apelación incluyó una petición específica para que se admitieran pruebas documentales y de oficio, así como la realización de una audiencia para la contradicción del dictamen pericial elaborado por el perito de la parte demandante. Esta solicitud se fundamentó en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificados por la Ley 2080 de 2021.
Las pruebas solicitadas comprenden:
- Documentos relacionados con la resolución que resolvió un recurso de reposición contra la contribución de valorización.
- Constancias sobre la participación procesal del perito en otros procesos contencioso-administrativos.
- Un oficio dirigido al municipio para certificar el pago de la contribución por parte del perito y si este había interpuesto demandas relacionadas.
- La realización de una audiencia para la contradicción del dictamen pericial, enfocada en la imparcialidad del perito.
Consideraciones jurídicas y decisión del Consejo de Estado
El Consejo de Estado recordó que el artículo 212 del CPACA establece de forma restrictiva las causales para decretar pruebas en segunda instancia, siendo estas excepcionales y sujetas a criterios de pertinencia, utilidad, licitud y conducencia, conforme al artículo 168 del Código General del Proceso (CGP).
En este caso, la solicitud se centra en cuestionar la imparcialidad del perito, dado que el tribunal de primera instancia valoró una prueba aportada en los alegatos de conclusión que no fue objeto de traslado a la parte actora, generando inquietudes sobre el debido proceso.
El despacho decidió:
- Negar la práctica de la audiencia de pruebas solicitada, por considerar que no es útil ni necesaria, dado que otras pruebas relacionadas fueron decretadas para garantizar la contradicción y el derecho de defensa.
- Admitir como pruebas documentales la resolución que resolvió el recurso de reposición y las constancias sobre la participación procesal del perito, para que sean analizadas en la sentencia de segunda instancia.
- Oficiar al Municipio para que informe únicamente sobre el pago de la contribución de valorización por parte del perito, descartando la solicitud de información sobre demandas judiciales, por no ser competencia de la entidad y por estar cubierto ese aspecto con las pruebas aportadas.
Esta decisión evidencia la aplicación rigurosa de las normas procesales relacionadas con la práctica de pruebas en segunda instancia, enfatizando la protección del derecho al debido proceso y la garantía del derecho de defensa en los procesos contencioso-administrativos.
Implicaciones para el proceso y el derecho administrativo
La providencia ilustra cómo el Consejo de Estado examina con detalle las solicitudes de pruebas en segunda instancia, asegurando que se cumplan estrictamente las causales legales y que se respeten los principios procesales fundamentales. Además, destaca la importancia de la valoración adecuada de la prueba y el respeto a las oportunidades procesales para su presentación y contradicción.
En este sentido, la decisión contribuye a la transparencia y la justicia en los procesos administrativos y judiciales en Colombia, particularmente en casos que involucran la aplicación de contribuciones de valorización, un tema recurrente en la gestión municipal y el derecho urbanístico.
La providencia completa se encuentra disponible en la plataforma oficial del Consejo de Estado, garantizando la accesibilidad y la consulta pública del caso. De esta manera, se fortalece el acceso a la justicia y la confianza en las instituciones encargadas de dirimir conflictos en materia administrativa.
