Contexto y tribunal competente

La providencia fue dictada por el Consejo de Estado en segunda instancia, tras la impugnación de una acción de tutela inicialmente declarada improcedente por la Sección Tercera, Subsección C, del mismo tribunal. La controversia gira en torno a la entrega material y la adjudicación formal de dos predios rurales, denominados La Victoria y Costa Rica, ubicados en el corregimiento Cerrito La Palma, municipio de Sincelejo, Sucre, que fueron entregados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la comunidad indígena Aywjawashi para la constitución de un resguardo, pero que permanecen invadidos por terceros.

Antecedentes fácticos y procesales

El cabildo indígena presentó acción de tutela solicitando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la libre asociación, a la integridad personal y a la vida, argumentando que la ANT entregó los predios sin garantizar que estuvieran libres de ocupaciones ilegales ni tomó medidas efectivas para restituir la posesión. Además, se reclamó que la Presidencia de la República no impartió directrices para proteger la propiedad de pueblos indígenas. En primera instancia, el Consejo de Estado declaró improcedente la tutela, al considerar que el conflicto era de naturaleza administrativa y territorial, con múltiples actores reclamando derechos sobre los predios, y que existían mecanismos judiciales y administrativos idóneos para dirimir la controversia. La Sala Quinta del Consejo de Estado, sin embargo, revocó esta decisión.

Consideraciones jurídicas y razones de la decisión

La Sala reconoció la legitimación activa del representante legal del cabildo indígena, en tanto ostenta la representación oficial de la comunidad y posee interés directo en el resultado. Asimismo, confirmó la legitimación pasiva...