Contexto y naturaleza de la decisión

El Consejo de Estado, en su calidad de tribunal de única instancia para el proceso administrativo en cuestión, emitió un auto de trámite el 6 de noviembre de 2025. La providencia aborda un medio de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por una sociedad comercial contra una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que un tercero con interés directo también está involucrado. El auto se dictó mientras estaba pendiente la solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que es un mecanismo previsto para aclarar la aplicación de normas comunitarias andinas en procesos nacionales.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se centra en la interpretación de los artículos 134 y 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa que regula aspectos comerciales y aduaneros en la región andina. Previo a esta providencia, el TJCA emitió varias interpretaciones prejudiciales relevantes (344-IP-2022, 49-IP-2018 y 65-IP-2022) que abordan el contenido de dichas normas. Además, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina había establecido en sesiones anteriores que la doctrina del acto aclarado es aplicable al mecanismo de interpretación prejudicial, flexibilizando la obligación de solicitar nuevas interpretaciones cuando ya existen pronunciamientos previos claros.

Consideraciones jurídicas y decisión adoptada

La Sala Primera del Consejo de Estado fundamentó su decisión en el Acuerdo 06-2023-TJCA, en el cual se aprobó una guía para aplicar el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en solicitudes de interpretación prejudicial. Según dicha doctrina:

• El juez nacional de única o última instancia no...