Contexto y antecedentes del caso

El proceso se originó a partir de una demanda presentada por una empresa del sector financiero que cuestionó dos resoluciones: la Resolución 4444 de 2014, emitida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y la Resolución 31229 de 2016, expedida por la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. La empresa solicitó la nulidad de ambos actos y pidió, además, la suspensión provisional de sus efectos. La Resolución 4444 añadió un parágrafo al régimen de protección a los usuarios de servicios móviles, estableciendo que el valor del equipo terminal móvil debe estar separado y discriminado del valor del servicio contratado. También dispuso que el proveedor no podría suspender el servicio por falta de pago del equipo, permitiendo un pago independiente. La Resolución 31229 fijó un criterio de interpretación según el cual esta opción de pago independiente debía estar disponible desde la emisión de la factura.

Argumentos y controversias planteadas

La parte demandante alegó que estas resoluciones violan el principio de proporcionalidad y los artículos 333 y 334 de la Constitución Política, que regulan la libertad económica y la intervención estatal en la economía. Se argumentó que la medida no era necesaria ni adecuada, pues existían alternativas menos gravosas para proteger a los usuarios, como la simple discriminación en las facturas. Además, se señaló que la norma afectaba la seguridad jurídica y la libre empresa, al incrementar riesgos financieros para las entidades que financian equipos móviles. También se cuestionó la competencia del director encargado de proteger a los usuarios de...