Contexto y competencia del tribunal

La decisión fue adoptada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, en única instancia, competente para conocer de los procesos de nulidad contra actos administrativos expedidos por autoridades nacionales. La providencia se refiere a una solicitud de medida cautelar presentada en un proceso de nulidad contra el Decreto 969 de 2017, expedido por la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud y Protección Social.

Antecedentes fácticos y procesales

Una entidad promotora de salud (EPS) interpuso demanda solicitando la nulidad parcial del artículo 1°, literal d), del Decreto 969 de 2017, que modificó el reglamento del sector salud respecto a la definición de “reclamación” en los procedimientos de reintegro de recursos del aseguramiento en salud. La demandante pidió, además, la suspensión provisional de los efectos de esa disposición normativa, argumentando que el decreto habría ampliado ilegalmente los plazos para la firmeza de reconocimientos y giros, vulnerando el equilibrio financiero del sistema de salud y la seguridad jurídica. Inicialmente, la demanda fue inadmitida para requerir correcciones formales; posteriormente, admitida tras su subsanación. La solicitud de medida cautelar fue tramitada mediante autos interlocutorios y notificada a las partes involucradas, sin que la parte demandada presentara pronunciamiento sobre la medida solicitada.

Consideraciones jurídicas y análisis

El tribunal recordó que la potestad reglamentaria del Ejecutivo, aunque permite desarrollar aspectos técnicos para la aplicación de la ley, está limitada por la Constitución y la ley, y no puede alterar el espíritu ni el contenido esencial de las disposiciones legales, según lo establecido en jurisprudencia previa y el marco normativo...