Contexto y competencia del tribunal

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con competencia en única instancia para los procesos de nulidad de actos administrativos expedidos por autoridades nacionales, resolvió un auto interlocutorio relacionado con la solicitud de medida cautelar presentada en un proceso de control de nulidad contra el Ministerio de Salud y Protección Social.

Antecedentes del caso

La demanda fue interpuesta contra el artículo 2° de la Resolución 1019 de 2019, la cual fijó los valores máximos de recobro (VMR) para el reconocimiento y pago de servicios y tecnologías no financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Esta norma estableció que dichas disposiciones aplican exclusivamente a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), Entidades Obligadas a Compensar (EOC), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y demás entidades que realizan recobros ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). La parte demandante solicitó como medida cautelar que se ordenara al Ministerio de Salud y Protección Social extender los efectos de la regulación de VMR a todos los actores de la cadena de prestación de servicios de salud, incluyendo laboratorios, operadores logísticos y proveedores de medicamentos, aun cuando estos servicios no estén financiados por la UPC ni cubiertos en el plan de beneficios.

Argumentos de las partes

La demandante argumentó que la exclusión de ciertos actores de la cadena comercial en la regulación de VMR genera una omisión legislativa relativa, afectando la estabilidad financiera del sistema de salud y vulnerando principios constitucionales como la igualdad, la proporcionalidad y la función social del Estado....