Antecedentes del caso

El proceso se originó a partir de una demanda interpuesta por varios ciudadanos contra el Presidente de la República, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). El objetivo era anular el Decreto 0639 del 11 de junio de 2025, mediante el cual se convocaba a una consulta popular nacional para abordar una propuesta de reforma laboral. El origen de la controversia se remonta a que el Gobierno Nacional presentó al Congreso una reforma laboral que no logró ser aprobada por falta de quórum y posteriormente fue negada por la Comisión Séptima del Senado. Ante la ausencia de un concepto favorable del Senado para convocar la consulta, el Ejecutivo emitió el decreto cuestionado, alegando la aplicación del silencio administrativo positivo y la excepción de inconstitucionalidad para justificar la convocatoria. Los demandantes argumentaron que el decreto carecía de sustento normativo, violaba el artículo 104 de la Constitución Política y las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, al no contar con el concepto previo favorable del Senado, requisito indispensable para este tipo de convocatorias según la normativa vigente. Además, se señaló que la convocatoria vulneraba el principio de separación de poderes establecido en el artículo 113 constitucional.

Trámite procesal y solicitud de medida cautelar

Tras admitir la demanda, el despacho sustanciador remitió el expediente a la Sección Quinta del Consejo de Estado, competente para resolver sobre el asunto. En la etapa inicial, se decretó una medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Decreto 0639,...