Providencia judicial y contexto procesal

La Sala Cuarta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, como tribunal de segunda instancia, emitió una sentencia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado bajo el número 25000-23-37-000-2022-00113-01. La demanda fue interpuesta por una empresa prestadora de servicios públicos contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), entidad demandada responsable de liquidar y cobrar la contribución especial correspondiente al año 2020 por la prestación del servicio de energía eléctrica.

Antecedentes y desarrollo del proceso

El proceso se originó tras la expedición de la Liquidación Oficial No. 20205340059616 del 1º de septiembre de 2020, mediante la cual la SSPD determinó una contribución especial a cargo de la empresa por un valor superior a los 559 millones de pesos. Contra esta liquidación se presentaron recursos administrativos que modificaron parcialmente el valor a cerca de 554 millones; sin embargo, la demandante solicitó la nulidad de estos actos, argumentando, entre otros puntos, que la base gravable fue calculada incorrectamente y que existió vulneración de principios constitucionales como el debido proceso y la irretroactividad tributaria. El tribunal de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró la nulidad de los actos administrativos señalados y ordenó que la SSPD recalculara la contribución especial con fundamento en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, dejando de lado las modificaciones introducidas por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, norma que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional para el año 2020. La Superintendencia apeló esta decisión, argumentando que la contribución especial había sido calculada conforme a la ley...