Contexto y tribunal competente

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Consejo de Estado conoció el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda, que había declarado la nulidad de dos resoluciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio de Dosquebradas. Estas resoluciones establecían la reliquidación del impuesto predial sobre un inmueble propiedad de una sociedad demandante, correspondiente a los años 2011 a 2020, con base en una rectificación del avalúo catastral.

Antecedentes fácticos y procesales

En diciembre de 2019, el municipio demandado rectificó el avalúo catastral de un predio, aumentando significativamente su área registrada. Posteriormente, mediante resoluciones de julio y octubre de 2020, se procedió a reliquidar el impuesto predial de la sociedad demandante para el periodo 2011-2020, con base en esta actualización catastral. La demandante impugnó estos actos administrativos alegando que la actualización solo podía afectar el impuesto predial a partir del año gravable siguiente a la ejecutoria de la rectificación catastral, es decir, desde 2021, conforme a la normatividad vigente y la jurisprudencia del Consejo de Estado. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Risaralda declaró la nulidad de las resoluciones y ordenó el restablecimiento del derecho, señalando que la sociedad no debía pagar sumas adicionales por los años cuestionados. El municipio apeló esta decisión, argumentando que el ajuste reflejaba la realidad física del predio y que la reliquidación era procedente para corregir pagos insuficientes.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Consejo de Estado reafirmó el criterio jurisprudencial que establece que los avalúos catastrales derivados de rectificaciones solo pueden surtir efectos fiscales a...