Contexto y competencia de la providencia

El Consejo de Estado, en su Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo, actuó en calidad de tribunal competente para resolver el impedimento manifestado por magistrados del Tribunal Administrativo regional. Esta situación surge en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado contra la Nación – Fiscalía General, por la negación del reconocimiento pleno como factor salarial de la bonificación judicial prevista en el Decreto 382 de 2013. La competencia de la Subsección para conocer el impedimento está respaldada en los artículos 125 y 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que establecen que la instancia superior debe resolver las recusaciones o impedimentos presentados contra jueces o magistrados de tribunales administrativos.

Antecedentes fácticos y procesales

La demandante, servidora pública, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de la Nación, buscando la anulación del acto administrativo que negó el reconocimiento de la bonificación judicial como salario integral. Posteriormente, los magistrados del Tribunal Administrativo regional manifestaron impedimento para conocer el asunto, argumentando una posible conexión indirecta entre la controversia y reclamaciones previas que ellos mismos habían formulado sobre primas especiales y su impacto en materia prestacional. Por ello, remitieron el expediente al Consejo de Estado para que decidiera sobre esta recusación.

Consideraciones jurídicas y análisis del impedimento

El Consejo de Estado recordó que el régimen de impedimentos y recusaciones tiene como finalidad salvaguardar la imparcialidad, transparencia e integridad moral del juzgador, asegurando que no existan intereses directos o indirectos que puedan afectar su criterio. En...