Contexto y antecedentes del proceso

El caso se originó con una demanda interpuesta para decretar la pérdida de investidura de un concejal del municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander. En primera instancia, el Tribunal Administrativo local emitió sentencia favorable a la pérdida de investidura del funcionario. En apelación, el demandado solicitó la práctica de nuevas pruebas, entre ellas testimonios y valoraciones psiquiátricas, argumentando que eran necesarias para controvertir elementos determinantes del caso, como la validez de una certificación accionaria y la supuesta influencia indebida durante la declaración de una testigo.

Decisión del Consejo de Estado y fundamentos jurídicos

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en calidad de tribunal de segunda instancia, analizó la solicitud de pruebas adicional y confirmó el auto interlocutorio que las negó. La magistratura enfatizó que, conforme al artículo 212 del CPACA, la práctica de pruebas en segunda instancia está sujeta a condiciones específicas y limitadas, tales como:

• Que las pruebas sean solicitadas de común acuerdo por las partes.
• Que hayan sido negadas en primera instancia o no practicadas sin culpa del solicitante.
• Que versen sobre hechos ocurridos después del término para solicitar pruebas en primera instancia.
• Que no se hayan podido solicitar por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.
• Que se trate de desvirtuar pruebas decretadas de oficio conforme a los numerales anteriores.

En el presente asunto, la Sala concluyó que las pruebas solicitadas no cumplían con ninguna de estas causales. No se trataba de hechos nuevos ni se alegó fuerza mayor o impedimento procesal para solicitarlas en primera instancia. Tampoco hubo solicitud conjunta...