Contexto y antecedentes procesales

El asunto se originó con la demanda presentada mediante apoderado judicial en ejercicio del medio de control de reparación directa contra INVIAS. La demanda buscaba que se declarara la responsabilidad patrimonial de esta entidad por la ruptura del dique en la margen izquierda en jurisdicción del municipio de Majagual, Sucre, que causó la inundación de predios pertenecientes a los demandantes. El Tribunal Administrativo de Sucre, en primera instancia, negó las pretensiones de la demanda mediante sentencia del 19 de junio de 2014. La parte demandante interpuso recurso de apelación, y la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado revocó esa decisión el 5 de julio de 2018, declarando responsable a INVIAS y condenándola a pagar los perjuicios materiales debidamente acreditados en el incidente de liquidación, además de imponer costas. Posteriormente, en junio de 2025, uno de los demandantes solicitó la corrección de la sentencia de segunda instancia debido a un error en la consignación de su nombre en la parte considerativa de la providencia.

Consideraciones jurídicas sobre la corrección de la sentencia

El Consejo de Estado recordó que, en virtud del principio de seguridad jurídica, las sentencias son inmodificables por el mismo juez que las profirió, salvo en aspectos excepcionales como la aclaración, corrección o adición en los términos previstos por el Código General del Proceso (CGP). En particular, el artículo 286 del CGP permite corregir errores aritméticos, omisiones o cambios de palabras que se encuentren en la parte resolutiva o que influyan en ella, sin modificar el fallo. Asimismo, se hizo...