Competencia e instancia

La providencia fue proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de impugnación de una acción de tutela contra la sentencia de segunda instancia dictada por la Sala Civil – Familia – Laboral de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó con la demanda en un proceso especial de acoso laboral promovido por un trabajador contra una empresa y dos personas naturales, en la cual solicitaba el reconocimiento de indemnización por acoso laboral, la declaración de ilegalidad de su despido y el reintegro a su cargo, alegando su condición de sujeto de especial protección constitucional por padecer VIH. En primera instancia, el Juzgado Laboral negó las pretensiones, conclusión que fue parcialmente revocada por el Tribunal Superior, que condenó a la empresa a pagar indemnización por despido sin justa causa. El trabajador interpuso acción de tutela contra esta decisión, argumentando violaciones a sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana, mínimo vital y trabajo en condiciones dignas, en especial por no haberse aplicado correctamente la estabilidad laboral reforzada reconocida a personas con VIH.

Consideraciones del tribunal

La Sala de Casación Laboral analizó rigurosamente los requisitos de procedibilidad para la acción de tutela contra providencias judiciales, recordando que se trata de un mecanismo excepcional que requiere cumplir tanto requisitos generales (relevancia constitucional, agotamiento de recursos, inmediatez, entre otros) como específicos (defectos sustantivos, fácticos o procedimentales en la decisión impugnada). El tribunal encontró que se cumplían los requisitos generales para admitir la acción de tutela, pero al estudiar los defectos...